En un edificio de mi propiedad en un 15% se inician una obras en el bajo para instalar un bazar. Como los inquilinos, al parecer arrendatarios de la sociedad propietaria del 85% del inmueble en indiviso, no quieren enseñarme ni contrato ni permiso de obras, acudo al ayuntamiento, donde me dicen que alguien ha solicitado permiso de obras pero que no se lo han concedido porque tiene que presentar un proyecto de cómo va a quedar tras la reforma. El arquitecto municipal me asegura que se pasará a ver qué están haciendo ante mis temores a que intenten atentar contra la estabilidad de la casa pues es una reforma demoledora que arrasa la ley en pleno centro histórico protegido. Por si acaso, había dado parte al 112 quien hizo un informe de la situación. Siguieron con su reforma los obreros sin respetar la visita del arquitecto, que reseñó en su informe la ilegalidad de lo que estaban haciendo y daba un plazo de tres meses para presentar una propuesta de acuerdo con el PECH y un plazo de diez días para presentar alegaciones. Conminaba a la empresa que hacía la obra a paralizarla y sacar materiales de obra y si en el plazo de cinco días ésta no lo hacía se precintaría el local. Dicha empresa tiene label de calidad distinguida por el consistorio. A fecha de hoy, transcurridos 12 meses, lo que sucedió es que remataron la obra a toda prisa destruyendo los parámetros de huecos de la fachada, que es ilegal, antes de que se hiciera efectiva la presentación del informe del arquitecto, que tardó tres días en interesarse por ver lo que yo denunciaba. Luego cerraron dos semanas trabajando a puerta cerrada y abrieron la tienda al público, se supone que con Licencia de Apertura de nuevo negocio reformado, con lo que se exige un plano y la adaptación a las normas del PECH. Digo se supone porque entre los funcionarios hay quien niega ver expedientes públicos a ciudadanos, de forma reiterada en la sección servicios. Ahora, pasado el tiempo, una nueva arquitecta del ayuntamiento reseña en su informe el delito que yo he denunciado y al ir a informarme de la incongruencia me dicen que es diferente expediente (habla de lo mismo, mismo lugar, mismo destrozo de la fachada, misma empresa propietaria pero con otra sociedad limitada que gestiona). Una Sociedad se come a otra y ésta a otra y así tratan de confundir en sus trámites burocráticos. Pero que unos funcionarios de carrera no se molesten en averiguar el dueño real de una Sociedad nominada con otros apellidos de personas normales y afectadas, cuando en el Registro está bien claro, y que insistan éstos en que la copropiedad está en desavenencias familiares dando por cierto lo que dice una de las partes, la constructora ese ele, da que pensar. Lo cierto es que en mi edificio los expedientes florecen por doquier y según sea el afectado se paralizan o se ejecutan. Está claro que, la obra a la que aludo, ni se paralizó, ni se ejecutó lo que el arquitecto municipal, invocando la Ley de Urbanismo de CyL, ordenaba. Está claro que deberán demoler lo que han hecho pues no se ajusta a lo legal a no ser que cambien la Ley con un decreto a posteriori, pero no está tan claro quién debe moverse para hacerlo. El consistorio permite estos desmanes cuando la ley les obliga y autoriza a paralizar y precintar una obra. Prefieren dejar que pase, total a quién le importa el Patrimonio Isabelino de esta ciudad. ¡Si todos los edificios protegidos estructuralmente de los alrededores de mi casa, que no se permite su derribo, están siendo demolidos en cuanto caen en manos de constructoras potentes, que dejan sin Patrimonio Cultural al Camino de Santiago permitiendo su ruina y a veces provocando humedades para forzar el mal estado que permite su destrucción! Yo, como copropietario, nada puedo hacer por mucho que me recomiende el ayuntamiento los Juzgados para resolverlo. Me parece lógico, mas no me parece lógico que diversos trabajadores del ayuntamiento hagan la vista gorda y permitan cacicadas y se piensen que se van a ir de rositas. En una democracia real quizá estuvieran degradados por no respetar la Ley del Funcionario, que exige imparcialidad y solicitud en la información prestada al ciudadano y no tergiversaciones y manipulaciones de la verdad. Sobre todo que el ciudadano de a pie no se entere de sus derechos y no deje por escrito sus denuncias, así todos nos lavamos las manos y las cosas quedan como están, aunque estén mal.
Yo he intentado escarbar entre la opacidad administrativa: hace años,en el 92, una constructora compró en indiviso cinco partes de siete del 80 % de este edificio. Para gestionar la compra y el destino delinmueble crearon una Sociedad Limitada a la que nombraron con los apellidos de mi familia. Familia Miguel Escudero S.L. pasó a ser la interlocutora mayoritaria y a la que las Instituciones Administrativas tratan como única propietaria, imaginándose quizá que lo que decía la Inmobiliaria era cierto y que representaba al resto de la familia. Uno piensa qué no habrán hecho a nuestras espaldas para que la culpa la tengamos los que sí somos familia y hemos heredado de nuestros padres un dos por ciento cada uno.Por no saber hacer las cosas legales en plazo y forma llega la situación actual de dejadez total. Los expertos y técnicos que avizoran desde hace años esta situación quieren hacer creer que es un conflicto entre propietarios, es la consigna, pero omiten que el propietario mayoritario de la Sociedad que representa la Comunidad de Bienes de San Juan 3, es un constructor. No necesita que una ejecución subsidiaria por parte del ayuntamiento le haga una obra puesto que se opone y se opondrá dilatando la situación como ha hecho siempre. La postura de delegar la aplicación de las normas a simples propietarios ajenos a la especulación constructora contradice todas las normas. No se puede hacer como que no se sabe por parte de personas cuyo trabajo es saber eso y además informar de ello al ciudadano común sin parcialidad. Lo que pasa en San Juan 3, es lo mismo que pasa y pasó en los edificios antiguos situados en centros históricos de otras ciudades, que se dejan degradar haciendo vivir a quien en ellos habitan con una tensión contenida a lo largo del tiempo. El objetivo es conseguir la ruina y el desalojo de los vecinos, y los métodos de manual que se aplican en toda la península para exterminar a los bichos y tapiar para seguir especulando con la complicidad administrativa, que ve-oye-calla, son innumerables. ¿Es la autoridad víctima que consiente a las mercantiles con sociedades limitadas a nombres de terceros provocar este embrollo paralizador? La sociedad burgalesa debiera conocer que la atención ciudadana desde el consistorio se queda en las antípodas de la Democracia, ya que, a su antojo, disponen algunos funcionarios de Expedientes Públicos, a los que cualquier persona tiene regulado su acceso mediante la Ley y la Constitución. Invito a todos los ciudadanos a que se pregunten cómo se conceden licencias de apertura a hermanos de funcionarios o a prepotentes constructores de Burgos, cómo se da licencia a estudiar en sus sesudos informes para eruditos sobre las mil y una maneras de retrasar la aplicación de los expedientes a la Ley y las maneras de evadir, mediante la propia Ley, las responsabilidades. Si en las pequeñas cosas se actúa con prepotencia qué no será en estas de la especulación?
